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El panorama de una clase política que cuando accede a posiciones de poder practica la corrupción parece haber sembrado la idea de que la sociedad es una mierda, de que el ser humano es malo por naturaleza y de que todo el mundo tiene un precio.

Sin embargo la convivencia con las gentes de lo común desarrollándose en sus profesiones, oficios, ocios, amores y desafectos crea en cualquier observador imparcial la imagen cierta de que estamos rodeados de seres humanos muy valiosos. Es encomiable la entrega de tantos ciudadanos, la mayoría, en sus proyectos familiares y de relación con el colectivo de que forman parte. Estamos rodeados de expresiones de solidaridad y también de ansias por hacer las cosas bien en nuestro entorno. Padres que se esfuerzan a diario para que sus hijos desarrollen sus potencias creativas en actividades formativas, maestros que dedican su vida a educar en valores e integrar a los ciudadanos que han de cimentar el Sistema, trabajadores y emprendedores que quieren ver utilidad social en lo que hacen, médicos e investigadores apasionados por dotar de vida a los años, estudiantes capaces de vivir como anacoretas para salvar su vocación… Por eso resulta todavía más obsceno cada destape de una situación de corrupción, de abuso de posición dominante por parte de aquellos que, instalados en sus torres de cristal donde se sienten inmunes atentan gravemente contra la viabilidad del modelo de convivencia que se han ido dando a si mismos los honestos, los generosos en el esfuerzo, los solidarios, constituyendo una nefasta ejemplaridad, un tumor infecto que hay que extirpar para salvar el conjunto. Las penas para los corruptos han de contemplar todos esos agravantes: abuso de posición, alarma social, ausencia de necesidad material o concurrencia de pobreza extrema, afectación grave a los intereses colectivos, ataque al principio de igualdad de oportunidades, deterioro del papel institucional… Por eso es tiempo de exigir una sensibilidad concreta en los programas electorales de los partidos para promover la desaparición de la figura del aforamiento, así como el cumplimiento de todo el axioma de que la justicia es igual para todos, eliminando el abuso en la utilización de las fianzas, incautando el dinero distraído y adecuando las penas a la gravedad del delito. En este sentido no es muy tranquilizador ver como una muchacha que en su día hurtó 400 euros va a la cárcel diez años después aun cuando no haya vuelto a delinquir y su vida esté estructurada mientras los que han ocasionado agujeros de cientos, miles de millones de euros en los erarios de todos mantienen recursos para seguir esquiando y acudiendo a los prostíbulos.