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El aparato electoral del Partido Popular, aún estando oxidado, se ha puesto a trabajar de cara al arreglo del estropicio de las elecciones europeas en las municipales y, sobre todo, las generales de 2015.

Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda

No se podría ser más oportuno: con la credibilidad rozando la carcajada global, después de (contra los principios de su idolatrada escuela austríaca y de su propio programa electoral de 2011) subir impuestos directos e indirectos, el Gobierno ha decidido, a modo de “pulsito” a Europa y al FMI de Lagarde, sacar pecho (especialmente Cristóbal Montoro) presentando una reforma fiscal que ni es reforma, ni es reducción, ni es neoliberal, ni es nada. Bueno sí, sí es un guiño a los votantes del PP extraviados en las últimas elecciones y a las rentas más altas de este país.

Analicemos esta aseveración a través de los antecedentes y la evolución de los nuevos tramos impositivos que propone la reforma del Ministerio de Hacienda.

Comparativa por años de la carga fiscal sobre la renta (IRPF) y base imponible en euros

Así, observamos como, una persona que cobre 20.000 euros (en el límite superior del intervalo), y que antes pagaba un 30 % sobre la renta, ahora pagará un 25 %, es decir, 1.000 menos al año. En los límites de los nuevos intervalos es donde está la jugarreta electoral, la argucia; en los “tramos ocultos” de los mismos es donde nos encontramos de bruces con la realidad económica de la reforma: así, por ejemplo, una persona que cobra 15.500 euros y que antes pagaba 24,75 %, ahora pasa a pagar el 25 %, (ya no es que baje más o menos, es que tiene que pagar 39 euros más en el año 2015) dando la casualidad de que, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), éste fue el sueldo más frecuente percibido por los trabajadores españoles (hablamos de la moda, no de la media).

Pero dicha jugarreta no termina ahí, efectivamente, sí que existe un tramo en el que la reducción fiscal se hace bastante más patente. Eso es, las rentas más altas, una vez que subimos de los 120.000 euros anuales, cuestión de proporcionalidad. Un gran empresario del IBEX 35 que cobre alrededor de 1 millón de euros al año, se ahorraría en la cuota del IRPF unos 60.000 euros; otro empresario más “modesto”, con un salario anual de 200.000 euros, se encontraría en el bolsillo a final de año con 7.242 euros más. Según los economistas, en especial los neoliberales, esta reducción de la carga fiscal, que a corto plazo disminuye la contribución a las arcas públicas, a medio y largo plazo provoca un aumento de la liquidez (más dinero en el bolsillo a final de año) que ayuda a fomentar el consumo; lo que deriva en un aumento de la demanda agregada y de la creación de empleo y, por tanto, del número de contribuyentes, compensando el descenso inicial en las percepciones tributarias. La teoría macroeconómica es clara, pero quedan las variables, crucialmente importantes. Según hemos visto en el caso de estos dos empresarios, para compensar los casi 70.000 euros que por la reducción en el último tramo han dejado de ir a la Hacienda Pública, sería necesaria la creación de 60 nuevos empleos de más de 12.450 euros anuales (ya que las personas que cobren menos no cotizarán). Empleos creados, según el ministro de Hacienda, por fenómenos macroeconómicos como la reinversión industrial de los grandes empresarios que, a través de la reducción del IRPF, cerrarían el año con bastante más liquidez. Pero la realidad le vuelve a quitar la razón a la reforma, ya que, según la Central de Balance del Banco de España, el 48 % de los beneficios y otras plusvalías de los grandes empresarios van destinados a (¿lo adivinan?) la redistribución de los mismos entre los accionistas de sus grandes empresas, sólo un 12 % a pagar impuestos, y un porcentaje residual a la reinversión industrial, y más ahora que los sectores estratégicos no confían en la solvencia de la economía.

Además (otra variable), y por un fenómeno muy común, conocido como sociedad endeudada, los curritos que se ven con 200 euros más en el bolsillo a final de año no elevan la demanda agregada, creadora de empleo, porque ese dinero irá destinado a aflojar el yugo del endeudamiento producto del precio de la vivienda, de la subida de las facturas y los carburantes y de, en general, casi todos los bienes de consumo contemplados en el IPC, por no hablar de la restricción en el crédito a pequeños ahorradores y pymes.

Resumiendo, las variables que el Gobierno no ha querido advertir (sí los economistas, con algún que otro dedo de frente más), hacen de la reforma un mecanismo que agudizará la brecha entre ricos y pobres que, según los organismos internacionales y a través del coeficiente de Gini, nos sitúa en la vanguardia europea de la desigualdad social.

Pero lo peor de todo, es que la promoción de esta reforma no tiene otro objetivo que el electoral. Fíjense en los datos, en el análisis y en la proximidad entre las fechas de influencia de la reforma (en los próximos dos años) y las elecciones municipales y generales. Nos quieren hacer títeres de su función. La política como “espectáculo de audiencias”, el colmo.