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No es lo que parece. Hace 50 años, Francisco Franco clausuraba la constitución de la VIII Legislatura de las Cortes, un pseudo-parlamento que funcionaba a modo de consejo de Gobierno y que, en este último período, se consolidó como el impulsor del “Estado Autoritario del Bienestar”.

En el discurso final del Generalísimo en este acto institucional en un órgano presidido y conformado por representantes falangistas y carlistas, se hizo referencia a la importancia de la “paz” en España y de la intención del Movimiento de mantener otros “25 años de paz”, en referencia al fin de la Guerra Civil y de la II República. Siempre recuerdo cómo mi padre me narraba la forma en la que el Gobierno de Franco “invitó a la población a manifestarse” en 1975 en la plaza de Oriente en apoyo al régimen frente a las exigencias de apertura por parte de la Europa democrática. Esto me hace pensar que cada régimen vive la “Paz” desde su punto de vista. Durante el fugaz proceso de abdicación de Juan Carlos I, tanto el rey como los responsables del Gobierno se han apresurado a insistir en la estabilidad y la importancia de la monarquía española para lograr estos casi 40 años de paz, y para augurar otros 40 con la llegada de Felipe VI al trono.

No es justo hacer analogías entre períodos políticamente tan diferentes, teniendo en cuenta que uno de ellos se impuso mediante el uso de la violencia armada contra una forma de Estado cuya vigencia estaba sostenida por la legitimidad popular; pero, aún así, existen muchos motivos para, desde el punto de vista que la historia reserva para cada período pollítico, ser prudentes con la adjudicación de la sentencia “40 años de paz”. Como decía, el 1 de octubre de 1975, casi un millón de personas salieron a la plaza de Oriente para “mostrar su apoyo” al caudillo, frente a las críticas que provenían de Europa y EE.UU. por el fusilamiento de los responsables del atentado contra Carrero Blanco. Ahora que Felipe VI ha sido proclamado rey, los balcones de Madrid se llenan de banderas rojigualdas, en apoyo a la ley que garantiza la sucesión borbónica y, por ende, a la monarquía. Una ley que, con la disciplina de voto de los partidos mayoritarios, se ha sacado adelante en un tiempo récord, con un paso casi inadvertido y fugaz por esa Cámara de representación popular que llaman Senado, en un debate al que asistieron el proyecto de ley, su ponente, y el bedel de la Cámara alta; así queda dilapidada y desacreditada nuestra democracia.

Por si esto fuera poco, los “exaltados” republicanos son tratados como “perturbadores de la paz” y, en Madrid, se les niega el derecho a manifestarse por parte de la delegación de Gobierno, personificada en una Cristina Cifuentes que ha acusado a un partido con más de dos millones de votos, y cuyos candidatos se han elegido por primarias abiertas a toda la ciudadanía, de “querer acabar con nuestra democracia“; la misma Cifuentes que blinda Madrid con más de 4.000 policías, 120 francotiradores y demás parafernalia militar. Y no conformes con este dispositivo, en Madrid, las fuerzas de seguridad del Estado han estado llamado puerta por puerta en los pisos de la zona que recorrerá el príncipe antes de la coronación para “animar a la gente a que saque sus banderas a relucir” (siempre que sean las monárquicas, claro).

Y todavía tenemos que escuchar ad nauseam que este es un proceso “consensuado, estable, moderno, maduro y democrático”, un “hito histórico para la democracia” que nos garantizará otros 40 años de paz.