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El presidente miró a su consejo impostando un gesto de circunspección para acto seguido esbozar una sonrisa hiératica, rígida, momificada, hacia su secretaria.

Al presidente no le temblaba la mano cuando tomaba decisiones lesivas para los intereses y las condiciones de vida de los más débiles si con ello lograba cuadrar las cifras macroeconómicas. El presidente era incapaz de sustraerse al placer que le producían las palmaditas en la espalda de los jefes de Estados poderosos, con bancos que invertían en deudas rentables pero que no deseaban el fantasma de quitas sombreando el horizonte. El presidente estaba en condiciones de asegurar que su país era un deudor fiable aunque para cuadrar las cuentas tuviera que matar de hambre a millones de ciudadanos, y acelerar el desenlace fatal a miles y miles de enfermos cuya vida dependía de tratamientos costosos o transplantes. Aquella mañana había acudido de un humor pacífico a presidir el Consejo de ministros y ninguno de los miembros del equipo parecía dispuesto a remar en otra dirección distinta de la suya. El presidente tenía esa mirada umbilical que responde a ese estado beatífico de la tranquilidad de conciencia e impermeabilidad frente a las críticas ajenas, las de los grupos parlamentarios de una oposición en buena parte sin crédito y, sobre todo, las de la calle, que presa de la desesperación y desoída por los estamentos judiciales, sólo disponía del recurso de las manifestaciones callejeras calificadas de algaradas por la cúpula y los portavoces del gobierno y del partido en el poder.

Para la elite, aislada en su torre de cristal, los buenos ciudadanos, los verdaderos patriotas, eran los que con su inmovilismo y su silencio apoyaban una forma de administración de los recursos que conducía a una gran clase media a la supervivencia pura y dura. Quedaba por debajo, como un velo invisible en el fondo del escenario, un 30% de la población, situados en la exclusión social y de regreso a parámetros de bienestar y de esperanza de vida propios de épocas preindustriales.

El presidente mantenía sus negocios privados con total compatibilidad, como buen previsor, y además su trato de favor a los intereses de las grandes corporaciones le aseguraban una puerta de salida espléndida cuando diera por terminada su carrera política. En el futuro, su condición de presidente emérito le reportaría un estatus tradicional de protección perpetua además de satisfacer su prurito de vanidad con ocasión de ser consultado ocasionalmente en asuntos de Estado, por más que gracias a su deriva y la de su gobierno, la nación se hubiera desmoronado.

Pero para el presidente poco importaba la felicidad de las personas tomadas de una. Su musculatura mental se dedicaba por entero a la reducción del déficit y, para ello, su recurso único era el sangrado de los más vulnerables hasta límites compatibles con la capacidad para seguir viviendo, mientras la oligarquía y sus valedores en los consejos de administración veían como se decretaban reglas de juego que inflaban sus recursos hasta lo obsceno. La sensación de impunidad en que vivían los politicastros que reinaban en las baronías autonómicas tenía relación con una conciencia laxa en todo cuanto se refería al derecho a disfrutar de privilegios solidariamente con sus colegas en el mismo peldaño de la pirámide. El cobro de dietas astronómicas por asistir a reuniones consultivas dentro del espacio y el tiempo laborales era visto como normal. Su acceso a la caja del dinero público era discrecional y ajeno a la realidad sangrante de un país que hacía comer de tupper a los niños.

El presidente y su equipo alentaban el miedo en la población a perder su status de miseria. Los medios de comunicación, que exhibían mansiones y lujos exuberantes, sólo al alcance de la elite, en convivencia con situaciones de extrema penuria en las que sólo la vuelta a la urdimbre tribal de la familia podía salvar de la desaparición, de la muerte por factores de riesgo inducidos. La población en general adecuó su perspectiva a la situación y aprendió a mirar a las mansiones exhibidas en la televisión con envidia, resignación y al fin aceptación de su suerte como si se tratara de un destino ya preestablecido y contra el que siempre sería inútil rebelarse. En algunos casos, la pérdida brusca del estado de bienestar provocaba suicidios. La población civil utilizaba como salida la violencia contra sí misma. Aún en las situaciones más extremas, los acosos a los políticos eran pacíficos, pidiendo unas explicaciones que no daban en el Parlamento ni en las ruedas de prensa. De hecho el presidente eludía la interlocución, arengando al país desde una pantalla de plasma. Era una forma de cercenar la libertad de prensa y el derecho de la población a estar informada.

El presidente y su equipo concertaron acciones con el apoyo de sus medios afines para matar al mensajero. Las noticias de corrupción en el seno de su Partido eran culpa de quien las filtraba y, sobre todo, de quien las editaba, y así conseguían acabar por desviar el foco fuera de los perpetradores de delitos de malversación, financiación ilegal, tráfico de influencias, cohecho… El presidente y su equipo escarbaron en el derecho civil y, esta vez si, en el texto constitucional para imponer penas disuasorias a quienes se apostaban ante los domicilios de los diputados que votaban en contra del interés general, desoyendo directivas europeas que alertaban del consentimiento por parte del gobierno del abuso de poder financiero sobre los ciudadanos, abocados ya a una situación de desamparo por el inmovilismo y la ausencia de un liderazgo incapaz de tomar medidas siquiera de choque para garantizar techo y comida, quedando estas funciones supeditadas a la actividad de las organizaciones no gubernamentales y a la solidaridad familiar y vecinal. Un gobierno, sin embargo, hiperactivo en la concesión de ayudas a la banca con el único fin de sanearla y dotarla de liquidez pero sin exigir que esa restauración del flujo se convirtiera en una correa de transmisión que diera vida, plazos de amortización renegociados y oportunidades de rentas de alquiler de emergencia nacional a los ciudadanos.

Una minoría de la población en lugar de dejarse sumir en la depresión decidió luchar y, con la sensación real de que el Parlamento burlaba su derecho a ver representados sus asuntos, decidió convertir la calle en una oportunidad para el debate con la clase dirigente. Algunos diputados reaccionaron proporcionalmente y asumiendo su responsabilidad se prestaron al diálogo en la acera con desesperados que mantenían a pesar de todo la calma. Sin embargo el presidente y buena parte de su grupo parlamentario no deseaban ese formato novedoso que daba alas a los perro flautas y sustraía la única capacidad de protagonismo válido a las instituciones, al Congreso y al Senado.

El presidente estableció penas para los que se concentraban cerca de los domicilios de los políticos y reforzó la acción policial. Algunos medios afines al partido del Presidente empezaron a alertar del riesgo de un estallido social, de una nueva guerra civil, alentada por prácticas callejeras alimentadas desde la ETA y la kale borroka. Pero la historia es terca. Las guerras civiles nunca las empiezan las clases “humildes” por más que esté pasando las de Caín. Si acaso pueden revolverse contra el poder que las oprime. En la del 36 el miedo a la pérdida de privilegios de la oligarquía dio alas a un militar que necesitaba la adrenalina del poder supremo para soportar sus complejos.

El presidente sabe que la gente de a pie se suicida o arrastra su cruz por los centros de beneficencia. Pero ese decorado no va a favorecer su reelección. El presidente necesita un amigo tan claro como lo fue la ETA para sus antecesores. Y para esa empresa cuenta con la colaboración de la prensa que representa los intereses de las élites económicas, de los poderes fácticos, de la Iglesia. ¡es tan fácil presentar a los que se concentran en la calle para hablar con los políticos como peligrosos activistas!. El Presidente ya ha encontrado a los conspiradores y a los enemigos de la marca España. No están en los Consejos de Administración de la Banca, en las tesorería de los partidos, en las cúpulas de buena parte de los Gobiernos Autonómicos. No están en la Casa Real ni a su sombra, ni en los balances de grandes empresas que blanquearon su dinero B comprando pagarés a la Hacienda amiga del Estado. Los enemigos de la marca España –como gusta de decir el ministro que cree que la expresión pública de los menesterosos ensucia más que el hecho presunto de que una empresa de Urdangarín y la Infanta haya vaciado la caja de los discapacitados- están apostados en las calles, con el pretexto de luchar contra los abusos de la banca, contra la inacción legislativa en el Parlamento, contra la corrupción, contra la impunidad de los delincuencia de despacho, contra la iniquidad de establecer diferencias en el acceso a la educación y a la asistencia sanitaria. Otros han sido más considerados con la marca España y se han descerrajado un tiro en la boca presos de desesperación.

O pobo galego sae á rúa contra a ditadura financieira

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