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  El ministro de Educación, José Ignacio Wert, se viene revelando como uno de los miembros más controvertidos del gabinete de Mariano Rajoy. Protagonista de episodios como su apuesta por “españolizar” al alumnado catalán, Wert llena de nuevo los periódicos con su reforma educativa, la ley con la que propone, entre otros aspectos, reducir las lenguas cooficiales a un papel residual en la enseñanza u obligar a las autonomías bilingües a pagarles colegios privados a las familias que rechacen que sus hijos e hijas estudien en un idioma diferente al español. Parte de estos planes no son nuevos en el pensamiento del ministro. Es lo que cabe deducir de una conferencia que impartió en 2010 en la Fundación FAES, entonces como máximo dirigente de la consultoría Inspire.

Bajo el título La sociedad española ante la agenda de reformas Wert desgranó, invitado por la organización que preside José María Aznar, algunos de los cambios que él consideraba más urgentes en la legislación del Estado, entre los que destacaba la educación, ámbito en el que los cambios, decía, no debían comenzar por una mejor gestión de los recursos públicos sino, “antes que cualquier cosa”, por los “valores”. Wert atribuía los defectos del sistema educativo público a un “fracaso político” por las leyes vigentes, pero también por lo que él considera una “deriva democrática equivocada, que ha erosionado las bases del sistema y ha pervertido su funcionamiento”.

En este sentido, el actual ministro no dudaba en afirmar que en las aulas existía ya entonces un “concepto abusivo e invasivo de comunidad escolar”, basada en la “idea del cogobierno” por parte de “padres, alumnos, docentes y no docentes”. “La comunidad educativa no puede ser una comunidad democrática, porque el proceso educativo no es democrático”, zanjaba. Dos años después, ya desde el Ministerio, apuesta por sufragar o no centros privados en función de las preferencias lingüísticas de determinados padres y madres.

Para Wert ese exceso de democracia había derivado en un “deterioro primero de la autoridad, después de los estándares de exigencia y, finalmente, de los valores nucleares del proceso educativo”, como “esfuerzo, mérito, reconocimiento” o “excelencia”. “La crisis -añadía- sirvió para poner de manifiesto las verdaderas consecuencias prácticas del fracaso educativo” y, por eso, instaba a los suyos a aplicarse la máxima del político estadounidense Rahm Emmanuel: “No podemos dejar escapar una crisis tan buena”.

“Hay un claro reflujo de las aspiraciones participativas en el beneficio de la restitución de la autoridad y de la exigencia”, aseguraba. Ahora, en el Gobierno, apuesta, por ejemplo, por reducir el papel de los consejos escolares e incrementar el poder de las direcciones de los centros.

Wert tampoco olvidaba en su ponencia otra de sus grandes obsesiones como ministro: las autonomías. Igual que consideraba excesiva la democracia existente en los colegios e institutos, describía también los “evidentes excesos en la descentralización del sistema educativo”, que, afirmaba, “ya ha producido un impulso social hacia una recuperación del papel del Estado”. “Hay más gente a favor de que el sistema educativo sea gestionado desde el Estado que favorables a su gestión autonómica”, aseguraba.